Tras una larga sesión y diversas posturas tanto a favor como en contra fue aprobada en la Cámara de Diputados la facultad del Ministerio Público para solicitar al juez prisión preventiva oficiosa para el delito de robo al autotransporte de carga, esto derivado de la reforma al Artículo 19 de la Constitución, a este delito se le unen: el uso de programas sociales con fines electorales, el ejercicio abusivo de funciones, el robo de hidrocarburos, feminicidio y abuso sexual contra menores.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales Miroslava Carrillo Martínez, subrayó que se tomaron en cuenta aspectos que no contravienen los derechos humanos y ponderó que la situación en México es de emergencia, debido a que se encuentra en un entredicho de su propia naturaleza de Estado constitucional de derecho y de sus instituciones, por los altos niveles delictivos y falta de eficacia institucional para detenerlos.
La comisión que encabeza la legisladora refrendó que la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que tiene como objeto evitar que las personas imputadas puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social, la cual no se establece de manera arbitraria; se dejó claro que el objetivo es disminuir la incidencia en la comisión delitos que impactan fuertemente en las víctimas, además de atender de manera eficaz los problemas de impunidad e inseguridad.
La medida tendrá un plazo de cinco años para que las acciones se evalúen conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública; una vez cumplido este periodo se llevará a cabo un análisis mediante informes generados por las autoridades estatales y el gobierno federal.
Sin duda este es un avance que coloca en una posición de ventaja al autotransporte de carga ante la comisión de delitos; sin embargo, es pertinente señalar que el sistema de justicia debe funcionar a la altura de las circunstancias, pues esta medida es tomada para la protección de las víctimas del delito, estamos en un momento más que oportuno para sanear la impartición de justicia y que realmente se castigue a los responsables de la comisión de los delitos que han puesto en jaque al sector autotransporte nacional.
