Es urgente destinar apoyos financieros para la sobrevivencia de los prestadores del servicio de transporte público.
Durante 2020 la industria del transporte público perdió 19 mil 500 millones de pesos, según cifras publicadas por el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México), la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, (AMAM) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) en 2020 los prestadores del servicio de transporte público reportan pérdidas que rondan los 19 mil 500 millones de pesos, cifra que se adjudica principalmente a la caída en la demanda, estimada en un 60%, reducción que hoy se coloca en el orden del 30%.
En este contexto WRI presentó el Programa de apoyo financiero para el sector del transporte público dividido en tres etapas, con una visión a seis años y que urge a la asignación inmediata de apoyos económicos por parte del gobierno federal y los gobiernos estatales, con el fin de garantizar en el corto plazo la sobrevivencia de los prestadores del servicio de transporte público de las principales ciudades del país, y así contribuir a su reactivación en el mediano plazo.
Adriana Lobo, directora ejecutiva de WRI señaló al respecto “si queremos avanzar en el tema de equidad, tenemos que regresar a lo básico, que es un derecho fundamental: la movilidad. En este sentido el Estado tiene una obligación importante de garantizar la calidad del servicio de transporte y de trabajar junto al sector privado para atender esa gran necesidad de movilización; el transporte es una de las grandes temáticas como sociedad y como gobierno, de modo que juntos deberíamos estar pensando en soluciones”.
Las pérdidas del sector por la pandemia se estiman hasta en un 40 por ciento del ingreso habitual, lo que pone en riesgo los ingresos de miles de conductores y la sostenibilidad de los sistemas de transporte públicos de las principales ciudades del país. La reducción en la demanda se ha traducido en menores ingresos y en el deterioro de la oferta y cobertura del servicio.
A su vez Fernando Páez, director de movilidad urbana de WRI México y Colombia detalló que existe una crisis del transporte público a nivel global, misma que se ha profundizado a raíz de la aparición del COVID-19, “esta crisis viene dada por diferentes factores como bajo nivel de servicio, condiciones mínimas de confort, falta de integración de los temas tarifarios, falta de capacidad institucional y de gestión en las ciudades para atender la demanda y agotamiento en los modelos financieros. Es urgente el apoyo del gobierno federal al transporte público; en el marco de la crisis sanitaria no ha existido alguna política específica de su parte para atender y aliviar los fuertes impactos financieros en el transporte público”.
Dijo que a pesar de que la demanda se ha ido incrementando el proceso de recuperación es lento, lo que provoca que el rezago económico afecte el proceso de transformación del transporte público, por ejemplo, la renovación de flota.
Tomando en cuenta los factores antes mencionados se propone una Estrategia de recuperación del transporte público colectivo, basada en tres fases con una visión a corto y mediano plazo: “sobrevivir, porque es muy importante garantizar la liquidez a los sistemas para operar adecuadamente. Revivir, que implica hacer intervenciones que tienen que ver con infraestructura, con nuevos modelos de operación. Prosperar, que implica ir hacia elementos de optimización y mejorar del transporte público que nos lleve a recuperar la demanda perdida en los sistemas y sobre todo garantizar sistemas de transporte público de calidad”.
Por su parte, Alejandro López, presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) expuso, “estamos comprometidos con efectuar esfuerzos coordinados para hacer posible el derecho a la movilidad del país, desde el 2018 hemos insistido en la necesidad de establecer una política nacional de movilidad que permita fortalecer la institucionalidad, definir competencias, establecer estrategias, asignar recursos y considerar esquemas de financiamiento necesarios para garantizar el derecho a la movilidad de una manera coordinada y corresponsable.
Sólo en las ciudades capitales del país, se ha reforzado tres grandes problemáticas: La calidad y cobertura del servicio para los usuarios, incluyendo aumento en los costos de desplazamiento. Empresas operadoras y sistemas en quiebra, con sus afecciones también a la industria. Y el retroceso en los procesos de modernización del transporte”.
Ante esta realidad, el funcionario reiteró la necesidad de avanzar en la creación de un programa de apoyos financieros al transporte público, “las autoridades de movilidad que conformamos la AMAM estamos en total disposición para aportar nuestro conocimiento técnico y construir un camino posible, invitamos al Gobierno Federal a sumarse a este esfuerzo y agradecemos la colaboración de todas las instituciones”.
Participó también Miguel Elizalde Lizárraga, Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) quien subrayó “estamos en proceso de recuperar la salud pública y reactivar la economía, donde la pandemia ha afectado la movilidad y la renovación de la flota, con una caída aproximada del 52% en vehículos de pasaje. Esta caída ha impactado la reducción de emisiones, la seguridad vial y la movilidad incluyente que genera el transporte público. Por ello, es necesario impulsar e incentivar la renovación vehicular por los beneficios que genera para los usuarios y sociedad en general”.
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Nicolás Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad anotó, “desde la AMTM seguiremos trabajando para impulsar un transporte moderno y profesional para dar certeza y seguridad al usuario. Consideramos necesario revisar la seguridad para aprovechar las lecciones aprendidas de la pandemia y los cambios de conducta de quienes tomamos las decisiones en el sector del transporte público. Por ello queremos hacer un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que con sensibilidad y solidaridad establezcan canales de comunicación que permitan construir acuerdos para atender las dificultades que estamos viviendo, integrando una agenda para generar nuevas alianzas con las entidades financieras y establecer mecanismos que nos permitan realmente hablar de sustentabilidad y sostenibilidad de los proyectos de transporte”.
