Hacia el periodo inicial del gobierno de Carlos Salinas de Gortari se promulgó en México el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 (PND) que precisaba los objetivos nacionales, así como las estrategias y prioridades del desarrollo integral del país. Así dentro de este PND se puntualizaron los programas sectoriales e institucionales de mediano plazo para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: El Programa Nacional de Modernización del Transporte, el Programa Nacional de Modernización de la Infraestructura del Transporte y el Programa Nacional de Modernización de las Telecomunicaciones.
Fue en este contexto que se identificaron las medidas para la modernización del transporte, mismas que incentivarían la eficiencia y calidad en los servicios de una actividad a todas luces fundamental para el desarrollo económico y social del país. Los objetivos se centraban en constituir un sistema eficiente, seguro e integrado; aumentar la oferta de modo que se satisficieran la demanda y la mejorar de la calidad de los servicios, todo, manteniendo precios competitivos en relación con los del mercado internacional.
Tomando en cuenta que en ese entonces el 85% de la carga se hacía por carretera, era trascendental la transformación para dar paso a la introducción al mercado de nuevos competidores, pues a lo largo de casi 4 décadas el marco regulatorio del autotransporte federal moderaba las actividades del sector, el cual asignaba la carga -que en ocasiones era monopolizada-, se restringía la libertad de tránsito debido a la estructura de rutas lo que afectaba el máximo aprovechamiento de la capacidad de servicio disponible e incidía en la calidad y el costo de los servicios para el usuario. Y en el caso del servicio particular, los comerciantes e industriales no podían ofrecer servicios a terceros lo que provocaba poca productividad al hacer la mitad del viaje sin ningún tipo de carga.
El número de empresas prestadoras de servicio era limitado, por ello la competencia era nula lo que impedía la oferta de mejores servicios y precios bajos; todo provocaba un servicio deficiente a costos muy elevados.
Sin embargo con el establecimiento del Convenio de concertación para la modernización y reestructuración del autotransporte federal de carga, se marcó una nueva etapa y se inició la desregulación del transporte.
Fue hacia mediados del año 1989 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento del Autotransporte Federal de Carga que establecía la libertad de tránsito por las carreteras federales del país, ampliaba el derecho de los transportistas a cargar y transportar mercancía de todo tipo, con las únicas excepciones de sustancias tóxicas y explosivas. Y de la misma manera se modificó la Ley Federal de Caminos y Puentes Federales.
A la par, se hizo eficiente el otorgamiento de concesiones y permisos para acceder al mercado, lo que estimuló el crecimiento de la oferta de los servicios de autotransporte. Se mejoró la frecuencia, el acceso y la velocidad de las entregas. Se actualizó el sistema tarifario con mecanismos que permitían la negociación directa entre clientes y transportistas. A partir de entonces los transportistas particulares podían transportar sus propios productos en vehículos de su propiedad y tenían la posibilidad de manejar la carga a terceros.
En poco tiempo 1989-1996, “el número de unidades registradas para el servicio creció 92%. Muchas empresas transportistas de carga informales se regularizaron. Entre 1987 y 1994, las tarifas del transporte cayeron 23% en todo el país. Entre 1995 y 1998, disminuyeron en un 38% en términos reales. El empleo en el sector aumentó en un 5.25% entre 1989 y 1995. El volumen del tráfico aumento 8.6% al año desde 1989”, datos del libro “La política de competencia y el proceso de regulación en México” de Fernando Ramírez.
Así inició la una carrera por la modernización y profesionalización del transporte por carretera, misma que trajo grandes beneficios a la economía nacional “muchos empresarios nuevos se incorporaron a la actividad. A fines de agosto de 1990, se habían emitido unos 51 mil permisos federales, de los cuales 30 mil eran nuevos y 14 mil correspondían a empresarios que, hasta ese momento, habían trabajado ilegalmente. Mejoraron la frecuencia, el acceso y la velocidad de las entregas. La mayor flexibilidad de los precios de los transportes por carretera y por ferrocarril aumentó la competencia en este sector y ayudó a bajar los gastos generales del transporte”, argumentos emitidos por OED Précis (obra del Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial) no. 97, en su estudio Privatización y Desregulación en México.
En el mismo estudio se puntualiza que en torno a la desregulación del transporte vinieron aparejadas otras medidas: mejoramiento de la seguridad vial, aumento del precio del combustible diesel, aumento del financiamiento para el mantenimiento de carreteras, ajuste de las tarifas de los ferrocarriles y ejecución de un programa de inspección de las emisiones de los vehículos.
Fue hacia mediados del año 1989 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento del Autotransporte Federal de Carga que establecía la libertad de tránsito por las carreteras federales del país.
