La industria automotriz investida de documentos que avalan el favorecimiento a la figura del intermediario en materia de internación de vehículos usados al territorio nacional, se pronunció en favor de que el gobierno federal no ceda ante las presiones que promueven este tipo de prácticas al cobijo de la ilegalidad.
Los representantes del sector automotor, Guillermo Prieto (AMDA), Eduardo Solís (AMIA), Miguel Elizalde (ANPACT) y Oscar Albín (INA) en conferencia de prensa, hicieron un llamado a revisar los principales puntos que deben cumplir los vehículos que quieran como destino México, entre ellos los certificados de emisiones contaminantes, el certificado que avala su circulación en los Estados Unidos, pago de aranceles, además de cumplir con la antigüedad requerida y que se alejen las malas prácticas que dañan no sólo la economía del mercado interno, sino que también daña de manera puntual al medio ambiente, lo que se contrapone con las acciones que en los últimos meses se tomaron en la megalópolis ante la contingencia ambiental.
Desde la apertura de la frontera en 2005 se han importado 7.5 millones de vehículos chatarra, entre el periodo 2005-2008 se importaron más vehículos usados que los nuevos comercializados en el país.
Entre 2009 y 2014 la importación de vehículos usados floreció en la impunidad otorgada por amparos de jueces federales que actuaron en la ilegalidad, evadiendo con ello el pago de impuestos, los controles ambientales e incluso facilitó la importación de vehículos robados. A finales de 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la legalidad de la normativa federal para regular la importación de vehículos usados.
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